Posts Tagged ‘Estado Autonómico’

Madrileño, vote Capio

Jueves, febrero 11th, 2010

Periódicamente votamos en las elecciones para elegir a nuestros representantes democráticos. Estos, con la legitimidad de las urnas y según la lógica de las mayorías invisten a un equipo de gobierno para que gestione el interés público buscando el bien de la mayoría.

Hay un ministerio o una consejería encargada de cada una de las areas temáticas en que se divide el gobierno. Así, en el caso de las comunidades, existe una consejería de sanidad en aquellos territorios que libremente hayan decidido asumir la competencia en dicha materia para desarrollarla y prestar un servicio a sus ciudadanos.

Todo normal, todo bien: la gente elige democráticamente y paga a unos políticos para que, entre otras cosas, gestionen los servicios públicos que funcionan gracias a los impuestos de todos. Y a esto se le llama democracia y a todos nos gusta y todos la valoramos porque es algo que costó mucho conseguir en este bendito país.

Sin embargo hay otras cosas que a algunos -sobre todo a los sindicalistas piqueteros y a sujetos de similar ralea- no nos hace mucha gracia.

Por ejemplo, no nos gusta que multinacionales relacionadas turbiamente con nuestra presidenta lleguen a gestionar nuestra salud proporcionándonos un servicio más caro y de peor calidad (menos eficaz y menos eficiente) sin pasar por el farragoso “trámite” de las elecciones.

No nos gusta la mercadocracia, (y menos en lo que atañe al derecho fundamental a la salud) sí la democracia. Al menos se nos debería decir a las claras lo que se pretende, que se diga que el cometido de este gobierno es el de destrozar los servicios públicos, es el de saturar y anarquizar el sistema sanitario (area única) y es despiezar nuestros derechos subastándolos al mejor postor.

Así al menos la gente sabría lo que vota. Y es que votando al PP gana, embolsa y gestiona Capio, la empresa multinacional que ya controla varios hospitales de la Comunidad de Madrid y que también extenderá su poder al nuevo Hospital-gana-elecciones de Móstoles.

La salud de cada vez más madrileños depende de como cotice en bolsa una empresa multinacional… en eso consiste el mercadocentrismo que sitúa el interés privado sobre el público, esa es la mercadocracia que amenaza nuestra democracia, que margina a la política.

Así que ya sabe usted, madrileñito de a pie, cuando le convoquen a las urnas en 2011 vote usted al PP ese partido de la eficacia y las cosas bien hechas que nos promete una sanidad más cara y de peor calidad, que siembra la región de hospitales-cartel (a inaugurar 15 días antes de la cita electoral) pero sin personal, sin especialistas, sin camas, con alas y pasillos cerrados por falta de presupuesto.

Vote al PP, vote a Capio…

A 31 años de la Constitución española, reforma.

Domingo, diciembre 6th, 2009

Hoy se cumplen treinta y un años de la aprobación de la Constitución Española. Es de justicia reconocer que, en perspectiva, esta es la constitución que más estabilidad ha traído al pueblo español y bajo la cual se han desarrollado distintos aspectos de nuestra vida política.

Dicho esto -que creo, es reconocido por casi todos- comienza a hablarse de reforma. Según EL PAÍS, el 84% de los españoles estaría a favor de una reforma. Esto no significa que un 84% de los ciudadanos considere que el texto es “malo” lo que quiere decir es que, más de tres décadas después y en un clima político diametralmente opuesto al de entonces, determinados asuntos necesitan una relectura.

La transición no fue un inmaculado camino de rosas como se nos ha dicho en muchas ocasiones. En la transición había terrorismos, había un ejército levantisco que amenazaba con cercenar el proceso, había una España temerosa en la circulaba con profusión la frase “esto acaba como en el 36″. Había una España en la que aún estaban frescos en la memoria la última ejecución franquista o los terribles sucesos de Vitoria, una España en la que recordar no convenía, en la que la Amnistía se confundía con la amnesia. Cuarenta años sin votar -sin oír hablar de partidos, sindicatos, votos, sin periódicos libres- dejaron en España una cultura política mutilada que despegó a los ciudadanos del proceso de transición, principalmente dirigido desde arriba. Una España que ni siquiera se planteó el hecho de romper con el último legado del franquismo: la jefatura del Estado impuesta en la figura del nieto del monarca que el pueblo expulsó a base de urnas. En este contexto, sólo se pudo llegar a un acuerdo de mínimos. Muchas renuncias por parte de una parte.

El resultado fue una constitución que dejó muchos cabos sueltos, que sin duda sirvió para sacar a España de su oscuro agujero, pero que tuvo la ambigüedad como principal fórmula para el consenso.

Puede decirse que en la actualidad, la realidad española ha superado a la Carta Magna en algunas cuestiones. Entre otras cosas, convendría revisar la cuestión territorial (apenas esbozada como una posibilidad en la Constitución), reconfigurar el Senado y tratar de cerrar el mapa competencial. En mi opinión habría también que revisar las privilegiadas relaciones entre la Iglesia y el Estado y los tratados contraídos hace décadas entre el último estado teocrático de Europa y nuestro estado democrático. También hemos alcanzado la madurez democrática suficiente como para decidir sobre el carácter democrático o privado de la jefatura del Estado. La ley electoral, manifiestamente injusta para partidos como Izquierda Unida, también habría de ser objeto de una reforma.

Cambiando lo que deba ser cambiado, España tiene derecho a dotarse, esta vez sin injerencias antidemocráticas y sin espadas de Damócles, de un texto adaptado a sus necesidades y realidades actuales. Es bueno que se abra el debate sobre el futuro de la Carta Magna y que caigan los tabúes, porque “ningún texto es sagrado”, como ha recordado hoy-por cierto- el primer lehendakari que conmemorar la Constitución que precisamente consagra y constituye, junto al estatuto vasco, el autogobierno de su comunidad autónoma…

Hay presiones y presiones

Viernes, noviembre 27th, 2009

La derecha política y mediática española se revuelve ante la “intolerable presión” que supuestamente ejerce sobre el Constitucional el editorial que publicaron ayer varios periódicos catalanes sobre el Estatuto de Autonomía.

Efectivamente, es delito presionar a un tribunal con ánimo de influir en sus deliberaciones y decisiones. ¿El famoso editorial incurre en tan grave delito? Mi opinión es que no, creo que se limita -en el marco de la libertad de prensa- a resaltar algo que a muchos se nos presenta evidente: que los catalanes no entenderían fácilmente una sentencia restrictiva que llegara con tres años de retraso y a pesar de la firma del rey, de los sellos del Parlamento catalán, el Congreso y el Senado y del marchamo mayoritario de las urnas.

¿Qué es presionar a un Tribunal? Si alguien piensa que publicar un editorial como ese es presionar al TC, convendrá conmigo en que sugerir que los tanques rueden por la Diagonal o el Paralelo para detener el Estatuto también lo es (y de un calibre ligeramente más grave).<Dicho por un político de UPyD y titiritero oficial de Esperanza Aguirre>

Presionar a un Tribunal es tirarse tres años escribiendo en los periódicos y gritando en la radio que en la Cataluña del nuevo Estatuto (golpe de estado, según la emisora pía) se camina hacia una dictadura de facto, hacia un régimen de sangre y terror.

Presionar al TC en favor de un posicionamiento político es lo que viene haciendo el Partido Popular, que además de promover la recusación del magistrado Pérez Tremps (con la oposición de 40 catedráticos universitarios) ha bloqueado sistemáticamente la renovación del órgano llevándolo así a un peligroso descrédito torpedeando el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, como han hecho también con el Senado.

Según el caso, la derecha actúa con tosquedad y sin decoro -incluso alterando el funcionamiento de los instrumentos del Estado de Derecho- o con el más exquisito remilgo y escrúpulo, según convenga. Combinan un puño de hierro con una mandíbula de cristal, como señalaba muy acertadamente Ignacio Escolar.

Hay “presiones intolerables” -si se publican en La Vanguardia- y presiones que no lo son (esas son las que llenan las páginas de El Mundo, ABC o la Razón). Hay presiones y presiones. Están los que nunca han roto un plato, los del historial impoluto… y luego están los sociatas y compañía incordiando al Tribunal.

-Post Scriptum: No volveré a escribir nada sobre el Estatuto catalán hasta que se haga pública la sentencia.

Estatuto de Cataluña: un trance histórico

Miércoles, noviembre 25th, 2009

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña podría marcar un punto de inflexión en la Historia de nuestro país y en el modo en que venimos buscando articulación y acomodo a los distintos territorios que lo conforman desde la reconocible y reconocida diversidad.

Sabedores de la trascendencia de su decisión, los magistrados del tribunal dilatan su decisión, leen, releen, encargan nuevas ponencias y vuelven a estudiar el texto buscando una sentencia que, sea la que sea, deberá ser aceptada por todos los actores.

La situación que se presenta es especialmente delicada. Un T.C caducado, fuera de plazo, que no se renueva desde 2004 y que se ve afectado en su legitimidad, deberá decidir sobre un texto aprobado en el parlamento catalán, en el Congreso de los Diputados, en el Senado y por la amplia mayoría de los ciudadanos catalanes en referéndum. Sobre un texto que está ya en aplicación y que a simple vista no ha roto nada ni ha ensanchado el Ebro para separar a los catalanes de sus vecinos.

Sacar a Cataluña de la constitución para arrojarla al monte (como dibuja hoy Peridis) sí nos acercaría a una hipotética ruptura de España. Justo lo que los salvapatrias de la derecha, los bomberos pirómanos, querían evitar cuando presentaron un recurso contra el Estatuto catalán.

¿Y si sale una sentencia negativa?. Habrá que aceptarla, desde luego, pero pónganse ustedes en la barretina de un catalán: ¿cómo se les quedaría el cuerpo después de que un tribunal que no renueva su composición porque a un determinado partido, justamente al que ha presentado el recurso, le interesa conservar un equilibrio previo, cogiera y modificara un texto que ha pasado nada más y nada menos que cuatro filtros democráticos? No es muy difícil dar con la respuesta. Como no lo es imaginar que las posiciones maximalistas -ahora minoritarias- que abogan por la independencia de Cataluña, se verían reforzadas y extendidas al airearse el argumento de que aquel territorio, con su voluntad, no tiene cabida efectiva en el conjunto de España. Grave, muy grave.

Como ven, estoy hablando en términos sobre todo políticos, previendo las resonancias y las consecuencias políticas de un ‘no’ al núcleo duro del Estatuto. Y lo hago así porque en el fondo, los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por políticos con ideas e intereses políticos. Quien piense en otra cosa es un ingenuo. Detrás de la no renovación del TC hay objetivos políticos. Y la decisión final estará condicionada por motivaciones políticas.

Desde el punto de vista jurídico, una de las polémicas más agrias del texto (el término nación) no tiene sentido real. Lo que recoge el Estatuto es algo objetivo: y es que el Parlamento de Cataluña reconoció por mayoría a través de una declaración y apoyándose en el artículo segundo de la constitución española, que aquel territorio es una nación. Puede estarse más o menos de acuerdo con el resultado de esa votación o puede creerse que el concepto de ‘nación’ se aproxima más o menos a la realidad de Cataluña, en todo caso lo que hace el preámbulo es reconocer esa realidad previa: el parlamento reconoce que Cataluña es una nación. El recurso es contra el Estatuto no contra la citada resolución del Parlamento de Cataluña.

Estamos, posiblemente, ante un momento crucial de nuestra historia. De como salga la sentencia del Estatuto dependerá buena parte de nuestro futuro a medio y largo plazo en lo que respecta a la organización territorial del Estado. El Constitucional dirá.

De Urdaci al ‘TV News Award’

Miércoles, noviembre 18th, 2009

Del periodista que convirtió TVE en el gabinete de prensa del PP, a la concesión del prestigioso premio internacional a TVE por su calidad y su pluralidad, sólo van unos cuantos años… y varios puñados de voluntad política en pos de la transparencia y la calidad democrática.

Zapatero, cuando llegó al gobierno, renunció a ese caramelo del que habían dispuesto todos sus antecesores: controlar la Televisión Española en su exclusivo provecho. En lugar de hacer de la televisión pública española una sucursal informativa del gobierno, trasladó la elección del director del ente público al Parlamento, instándose así a la búsqueda del consenso entre los grupos  políticos y no a la imposición de un candidato nombrado por discreccionalidad presidencial.

Además del merecido TV News Award otorgado al Telediario 2 de Televisión Española, hay que reconocer la existencia de más espacios para el debate político en la televisión pública respecto a etapas anteriores: ejemplos de ello son el gran programa ’59 segundos’  o el formato ‘tengo una pregunta para usted’, que ya ha celebrado varias ediciones contando con representantes de distintas fuerzas políticas  (no solo en periodo electoral) además de con agentes sociales como los sindicatos o la patronal.

Y eso – la calidad y la pluralidad- se nota en los índices de audiencia: los de TVE son los informativos más vistos a nivel nacional, mientras que en la época de Urdaci y Aznar, descendieron a mínimos históricos.

Creo que todas las televisiones autonómicas deberían seguir el ejemplo de radio televisión española y convertirse en televisiones públicas, dejando de ser televisiones del gobierno de turno tal y como sucede en el flagrante y denunciado caso de Tele-Madrid, paradigma de la manipulación informativa con fines partidistas, una cadena que inició imparable degeneración bajo la dirección de Soriano, antiguo secretario personal de Esperanza Aguirre.

Crónica de una privatización anunciada. Nuevo capítulo.

Domingo, septiembre 6th, 2009
En la comunidad de Madrid vamos hacia un sistema de salud de gestión privada gestionada por empresas. Vamos hacia ese modelo precario y caro (en contra de lo que se piensa), hacia un modelo censurado por la Organización Mundial de la Salud, hacia un tipo de gestión importada de allende los mares y que ya ha desmantelado el sistema nacional de salud de otros países en beneficio de poderosas multinacionales extranjeras que mercantilizan uno de los derechos humanos más básicos e irrenunciables.

La privatización es un proceso lento pero implacable. Un proceso las más de las veces disimulado ,a pesar del desenvuelto desparpajo neoliberal que nos gobierna. Suelen disfrazarse, adornarse y en no pocas ocasiones, ocultarse tras el habitual torrente de falacias y mentiras las verdaderas implicaciones que conlleva esta política abstencionista que viene a dejar expedito el camino al sector privado con sus beneficios, sus recortes de gastos, sus cotizaciones y sus balances a final de año.

En Madrid, región imbuida de lleno en ese infame proceso y siguiendo con la hoja de ruta, parece que ahora le toca el turno a los laboratorios de especialidades.

Al Vicente Soldevilla (que da servicio de atención primaria a un millón de madrileños), al Virgen de la Torre (Vallecas) y al de Aranjuez.

Estos tres centros serán cerrados (reconvertidos, dice la Comunidad de Madrid) y puestos en manos de una empresa privada llamada Ribera Salud en la que casualmente trabaja uno de los directivos de la consejería de salud madrileña. Qué sorpresa ¿no? ¿Como imaginar esto del Partido de la gürtel y la Fundescam?

Los laboratorios citados anteriormente habían realizado una completa remodelación en sus respectivas dotaciones tecnológicas. Es decir, con el cierre y la privatización de los mismos se despilfarran los recursos públicos ya invertidos en los laboratorios, se desprecian los buenos medios técnicos con que cuenta el sistema de salud y se prescinde de la mayoría de sus profesionales: unos serán reubicados, otros trasladados y despedidos otros.

El interés único de este cierre, como ha asegurado la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, es el de “asegurar los beneficios de la empresa privada concesionaria” empresa con la que, para mayor escarnio, guarda un responsable político madrileño una especial relación personal… y desde luego económica.

¿Dónde se encuentra aquí el beneficio público? ¿qué justifica esta repentina y sorpresiva privatización? ¿qué ha llevado a clausurar tres laboratorios públicos que funcionaban correctamente, con buenos medios y mejores profesionales, dando servicio y atención a tantos madrileños? ¿qué cosa, si no el negocio privado ha movido a nuestros gestores políticos autonómicos, cada vez menos gestores, cada vez más empresarios, a llevar a cabo esta medida?

Que más da. En Madrid no se dan explicaciones, en Madrid nadie responde a las preguntas de los ciudadanos. En esta región las comisiones de investigación son vodeviles y las sesiones de control al gobierno: un alarde de chulería, superioridad y desprecio por parte de la marquesa-presidenta y el yerno del poli-imputado Carlos Fabra. En Madrid se impone el ver, oir… ¿y callar? Pero muchos no queremos hacerlo. Los que pensamos que nuestra salud no es un negocio y quienes queremos impedir que los mercaderes se apoderen de nuestros hospitales y centros de salud. Los que no queremos ser simples observadores de este drama, simples lectores de la crónica de una privatización anunciada: la de la muerte anunciada de la sanidad pública madrileña.