Sobre la no-reforma electoral

En las diez elecciones celebradas en el último periodo democrático de la historia de España han existido sensibles discordancias entre los votos conseguidos y los escaños asignados, lo que ha afectado en un sentido o en otro, beneficiando o perjudicando, a los partidos políticos que concurren a los comicios, llegándose a poner en tela de juicio el principio de igualdad que consagra la Constitución en al menos dos de sus vertientes: la igualdad entre los ciudadanos (que el voto valga lo mismo con indiferencia de donde se emita) y la igualdad de oportunidades de las candidaturas que pretenden representar a los ciudadanos con su acceso a las cámaras parlamentarias.

Todos conocemos el contexto en el que se sentaron las bases de nuestro actual sistema político y también el conjunto de intereses electorales que impedirían -y que de hecho impiden- operar una reforma sustancial de esa importantísima ley orgánica que se encarga, nada más y nada menos, de traducir votos en escaños.

Por su propia naturaleza, los sistemas electorales de todo país democrático que se precie, debe garantizar y armonizar dos principios básicos: representatividad y gobernabilidad.

El primer criterio hace referencia a que necesariamente, esa traducción votos/escaños debe hacerse de la manera más literal posible. Y el segundo, el de gobernabilidad, a que el propio sistema debe -incluso matizando la representatividad- disponer los mecanismos que faciliten la creación de gobiernos más o menos estables para la gobernabilidad del país, situando, por ejemplo, una barrera de voto para el acceso al Congreso para evitar la excesiva fragmentación del hemiciclo.

Por las razones históricas y coyunturales heredadas de la transición a las que antes hacíamos referencia, la representatividad no sale bien parada en este binomio.

Ante esta situación, en 2008 el gobierno de España encargó un informe consultivo al Consejo de Estado sobre la posibilidad de acometer una reforma de la ley electoral. En dicho informe se reconoce que

El peso del voto difiere de manera ostensible en función de la circunscripción en la que se ejerza el derecho de sufragio y que la correspondencia entre el número de escaños y el número de votos de algunas candidaturas electorales presenta desajustes importantes.

Ahí tenemos pues, una de las variables que puede afectar al resultado electoral: la circunscripción. Otras variables son la fórmula de reparto aplicable o la barrera electoral.

La demarcación electoral en España es, constitucionalmente, la provincia. Una entidad territorial que en la España autonómica aparece vacía de gran parte de contenido político o administrativo. La constitucón recoge la provincia como circunscripción, sencillamente porque en el momento de su promulgación no existían las comunidades autónomas.

En la España de hoy tendría más sentido apostar por una circunscripción autonómica. La opción más democrática -pero también más jacobina- de la circunscripción única,  nos acerca mucho más al “un ciudadano un voto”, pero también pierde vigencia precisamente por esa realidad plural de las autonomías y por el coste político que supondría dejar fuera del hemiciclo o trasquilados, a partidos con fuerte  implantación en algunos territorios.

Con una circunscripción única, partidos como PNV y CiU desaparecerían, o se quedarían cerca de la extraparlamentaridad.

Pero esa reforma -la de la circunscripción autonómica- supondría una reforma constitucional, algo que siempre da mucha pereza cuando se está en el gobierno. Por eso, el informe del consejo de estado, para paliar -o moderar- ese pernicioso efecto de la provincia sobre la traducción votos/escaños y para evitar los desequilibrios que hoy se producen, propuso una reforma de la ley electoral que esquivara una reforma constitucional.

Los puntos principales de dicha reforma serían:

-Plantea subir a 400 el número de diputados en el Congreso.
-Reducir a un escaño el mínimo por provincia
-Cambiar el método D’ Hondt por otro sistema más proporcional para calcular la atribución de escaños

- La constitución permite al legislador situar el tamaño del congreso entre los 300 y los 400 diputados, situándonos el artículo 162 de la LOREG en el punto intermedio: los 350 con que actualmente cuenta la cámara baja. La población española ha aumentado considerablemente desde la firma de la constitución y de la Loreg, por lo que cabe suponer que un congreso con 400 diputados sería aritméticamente más representativo. Si bien, en este contexto de crisis, el aumento de los diputados se presenta como una mala idea.

En un plano teórico, aumentaría la representatividad porque los 50 diputados nuevos podrían añadirse a los que se reparten proporcionalmente y no “territorialmente”. En el caso de que se operara la reforma correspondiente al aumento del número de diputados, seguirían repartiéndose 102 diputados fijos con criterio “más territorial” que proporcional, aumentando a 298 los distribuidos proporcionalmente, de acuerdo con la población real.

Otro factor positivo en cuanto a representatividad: entrada de más partidos políticos (con resultados de 2008, entrarían  cuatro partidos con un escaño).

- Si se combinan las dos primeras propuestas del informe del Consejo de Estado (400 diputados +  1 escaño fijo por provincia), 52 escaños (el 13%) se repartirían territorialmente y 348 (el 87) de forma proporcional a la población. Nuevamente, efectos positivos para la representatividad. Hoy estamos repartiendo  102 escaños, mínimo de dos por provincia, (que suponen el 29%) de forma fija e independientemente de la población, siendo 248 (el 71% ) los proporcionales.

Este mínimo de dos escaños por provincia sobrerrepresenta a las menos pobladas, donde cada escaño “proporcional” cuesta un número realmente bajo de votos, mientras que en provincias como la de Madrid o Barcelona, a cada escaño le corresponde un número considerable de votos en detrimento de la representatividad.

- En cuanto a la fórmula electoral, se propone matizar D’Hont introduciendo el reparto según la fórmula Hare de los 50 hipotéticos nuevos diputados.

La combinación de todas estas propuestas, o la implementación independiente de alguna de ellas daría como resultado una conversión votos/escaños más ajustada a la realidad, aún manteniendo la provincia como circunscripción y por tanto, sin que se haga necesaria una reforma de la constitución.

Finalmente, como leemos en prensa, se operará una reforma electoral que no pasa por ninguno de estos puntos (y que por supuesto, no se plantea un retoque constitucional) y que si bien incidirá en puntos importantes como las donaciones a partidos o la invalidación de mociones de censura aprobadas gracias a tránsfugas (¡ese deporte nacional!), no modificará aspectos sustanciales del sistema electoral.

Se desoye las propuestas del extenso informe del Consejo de Estado, no se ataca la raíz de un problema que afecta y distorsiona la configuración del nucleo de nuestro sistema democrático (el parlamento), y no se contenta a esos partidos, como Izquierda Unida que sufre la subrepresentación con casi un millón de votos, como ningún otro partido.

Vayamos al qui prodest, ¿a quien beneficia esta ley electoral? PSOE y PP (con capacidad logística para presentarse en todas las provincias con expectativas) PNV y CiU (que se presentan en tres y cuatro provincias concentrando de este modo todo su apoyo).

Naturalmente, estos partidos que se benefician de la ley, no accederán de buena gana a su reforma y eso es lo que ha sucedido con la tramitación de la reforma.

Pese a que milito en uno de los partidos que sale beneficiado de la actual legislación electoral, considero que debería llevarse a cabo una gran reforma en este aspecto en aras de una mayor representatividad, sinónimo siempre de mayor democracia, la esencia misma del parlamento, los partidos y la razón de ser del sistema.

Leave a Reply